Por: Carla Huidobro
No hubo anuncio. No hubo decreto explícito. No hubo una cadena nacional donde se comunicara, con claridad, que el Estado argentino renunciaba a financiar su propia inteligencia. Simplemente sucedió. En silencio. Con consistencia. Como cuando alguien deja de regar una planta y después dice que se secó sola.
Lo que se vive hoy en el sistema científico argentino no es una crisis: es una renuncia. Una cesión sostenida y deliberada del derecho a producir conocimiento. No hay parálisis: hay desmantelamiento. No es que no se pueda. Es que no se quiere.
La inversión pública en ciencia se redujo a cifras que sólo se explican por comparación con escenarios de colapso: la dictadura del ‘76, la hiperinflación del 89, el 2001. No hay cifras intermedias. Todo se mide en fondo. Y el fondo ya se tocó. El presupuesto apenas alcanza para simular que se investiga. Lo que hay, si acaso, son retazos de proyectos que continúan por inercia, por obstinación, por dignidad residual.
Los subsidios no se actualizan. Las convocatorias se congelaron. Los salarios se erosionan con cada mes que pasa. Hay becarios cobrando en pesos lo que antes era apenas suficiente en dólares. Hay investigadores que sostienen tres empleos para no abandonar el laboratorio. Hay docentes que eligen entre imprimir una tesis o pagar el gas. Esto no es caricatura: es estadística.
Y sin embargo, nadie parece sorprendido. Como si lo hubiéramos previsto. Como si supiéramos que el conocimiento molesta. Que la evidencia estorba. Que los datos incomodan a quienes gobiernan desde la intuición convertida en dogma.
En los pasillos de las universidades se escucha una frase repetida: “Nos están dejando sin ciencia”. Pero no. La frase correcta sería: “Nos están dejando sin país”. Porque nadie destruye su capacidad científica sin destruir, al mismo tiempo, su idea de futuro.
