Por: Redacción
Ciudad de México. — La primera elección judicial en México, celebrada el pasado domingo 1 de junio, registró una baja participación ciudadana, con una estimación preliminar del Instituto Nacional Electoral (INE) de entre el 12.57% y el 13.32% del padrón electoral. Este proceso histórico, que buscaba renovar más de 2,600 cargos en el Poder Judicial, entre ellos nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se llevó a cabo en medio de un clima de expectativa y controversia.
La baja participación ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la jornada como un “éxito democrático” y destacó la transparencia del proceso, sectores de la oposición y analistas señalaron preocupaciones sobre la legitimidad del resultado y la independencia judicial.
Entre los factores que habrían influido en la escasa concurrencia se encuentran la falta de información sobre los candidatos, la complejidad de las boletas, así como el desinterés generalizado de la población. Algunos votantes también expresaron confusión ante el elevado número de aspirantes y cuestionaron la idoneidad de los perfiles propuestos.
Este proceso, inédito en la historia del país, fue impulsado como parte de la llamada «Reforma Judicial Democrática», con la finalidad de acercar la justicia a la ciudadanía y combatir la corrupción en el sistema judicial. Sin embargo, la participación registrada dista del promedio habitual en elecciones generales en México, que suele rondar el 60%.
Expertos coinciden en que la baja participación plantea retos importantes para la legitimidad del Poder Judicial. “Una elección con tan poca participación deja dudas sobre la representatividad y la solidez del mandato otorgado por la ciudadanía”, advirtió la politóloga María del Carmen Nava, especialista en temas de democracia y participación ciudadana.
A pesar de las críticas, el gobierno federal ha defendido el proceso y llamó a la reflexión sobre los resultados. “La ciudadanía tuvo la oportunidad de participar y decidió ejercer o no su derecho al voto”, afirmó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
Los resultados oficiales se darán a conocer en los próximos días, mientras que diversas organizaciones civiles y académicas han solicitado una evaluación a fondo del proceso para identificar áreas de mejora y garantizar la transparencia e independencia del sistema judicial.
