Por: José Ángel Solorio Martínez
El último clavo del ataúd del Poder judicial, lo está proporcionando él mismo. No se quieren ir los magistrados, sin blindarse económica y jurídicamente: hay varios fideicomisos con un monto de 23 mil millones de pesos que desean repartirse entre ellos y autoprotegerse con una serie de candados internos para no ser tocados penalmente, en cualquier caso, al dejar sus cargos.
Es la última bocanada de corrupción que ha distinguido y distinguirá a los elitistas y clasistas impartidores de justicia en tiempos del PRIAN.
Un fideicomiso de 10 millones y otro que estaba oculto del escrutinio público: 13 mil millones que deben aparecer, según aseveró la ministra Lenia Batres Guadarrama.
Norma Piña y su pandilla, se lamían los bigotes ante tan suculento retiro.
De último momento, se conocieron esos fondos que de una u otra forma son de la nación. No de la SCJN.
Los ministros neoliberales ya doblaron las manos ante la voluntad popular.
Es muy probable que esas estratosféricas cantidades regresen a tesoro de los mexicanos para ser redirigido a programas sociales.
El hecho no asombra a nadie.
Es una explicación más, por qué los ciudadanos abrazaron el proyecto de votar por juzgadores diferentes, a los que nos acostumbró el viejo y podrido régimen.
¿Bajo qué mandato los ministros se autorizaron esas cantidades para ellos mismos?
¿Por qué los ministros se negaron a cumplir con el mandato constitucional de impedir que cualquier funcionario mexicano ganara más que el presidente de la república?
En el colmo del cinismo y la desvergüenza algunos se ampararon contra la reforma constitucional.
Más todavía: se negaron a adecuar sus salarios con el del presidente.
¿Por qué?
Consideraron que su rebeldía les ganaría adeptos.
De hecho, lo lograron: el aplauso de las élites neoliberales a las cuales servían.
No les salió el último trafique a los ministros conservadores.
Seguramente saldrán más fondos ocultos.
El uso discrecional del presupuesto de la SCJN se hizo costumbre; y cómo una de las fuentes del derecho es la experiencia, los juzgadores lo consideraron ley.
Fácil.
Eran un poder independiente.
Y así vivieron.
Independiente del pueblo, independiente de la justicia, independiente de la constitución.
Como el PRI, la mayor institución juzgadora del país se consideró eterna.
Jamás tuvieron idea, que el voto popular los lanzaría al cesto de la basura.
La presidenta recomendó enfocarse en el presente; no voltear al pasado para avanzar.
Eso es políticamente correcto.
Lo justo, es que se sancione a quienes traicionaron al pueblo y a la patria.
