Por: Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A pesar de registrar una disminución significativa en homicidios dolosos, Tamaulipas enfrenta un aumento alarmante en los casos de extorsión, de acuerdo con el más reciente informe de seguridad presentado por el Gobierno Federal durante la conferencia matutina de este martes.
Según cifras oficiales, los homicidios dolosos en la entidad han bajado de forma constante desde finales de 2024. Tan solo en marzo de 2025, se reportó el mes con menor número de asesinatos en siete años, con apenas 15 casos. Las autoridades destacan que esta tendencia responde al fortalecimiento de operativos de seguridad en zonas prioritarias y a una mayor coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales.
No obstante, el delito de extorsión muestra una tendencia contraria. En los primeros meses de 2025, Tamaulipas se ubicó entre los estados con mayor incremento en denuncias por este delito, junto con Puebla, Coahuila y Chiapas. Casos documentados en municipios como Reynosa revelan cuotas de hasta seis millones de pesos exigidas a empresarios bajo amenazas directas, incluyendo incendios o asesinatos en caso de negarse a pagar.
Organismos civiles han denunciado también la imposición de “cobros ilegales” por servicios básicos o incluso por el uso de espacios públicos, presuntamente operados por grupos del crimen organizado como el Cártel del Golfo. Estas prácticas afectan principalmente a pequeños comerciantes, transportistas y familias vulnerables.
Ante este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que se reforzará la estrategia nacional contra la extorsión con la activación del número 089 para denuncias anónimas y una propuesta de reforma constitucional al artículo 73 para agravar las penas. Además, se buscará un enfoque territorial más preciso en entidades como Tamaulipas, donde persisten estructuras criminales dedicadas a este tipo de ilícitos.
La administración estatal, por su parte, ha llamado a los ciudadanos a denunciar y ha asegurado que se trabaja en conjunto con las fuerzas federales para contener el avance de estas redes de extorsión. Sin embargo, analistas señalan que se requiere mayor protección para los denunciantes y acciones específicas contra la impunidad para revertir la tendencia.
