Por: Jonathan Torres
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– En el marco de la sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Educación del Congreso del Estado, la diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, Blanca Anzaldua Nájera presentó una iniciativa orientada a fortalecer el marco jurídico estatal en materia de protección integral para maestras, maestros y personal educativo en general, misma que fue aprobada por unanimidad de los presentes.
La legisladora explicó que el propósito central de estas acciones legislativas es garantizar la seguridad, integridad física, emocional y profesional del magisterio tamaulipeco, así como reconocer la importancia social de su labor.
Asimismo, destacó que la propuesta busca prevenir toda forma de violencia en su contra, sancionar a los responsables y generar condiciones institucionales de respeto, dignidad y bienestar.
El paquete legislativo está conformado por tres reformas complementarias a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, al Código Penal y a la Ley de Educación, cada una con una finalidad específica y necesaria para la construcción de un marco de protección integral.
En primer término, la adición al artículo 138 de la Constitución Local establece la obligación del Estado de garantizar la integridad y seguridad del personal docente y de apoyo, reconociendo su derecho a mecanismos de defensa legal eficaces y oportunos.
Por su parte, la incorporación del artículo 438 ter al Código Penal dota de eficacia jurídica este nuevo marco, al establecer una agravante específica para los delitos de lesiones, amenazas, privación ilegal de la libertad, extorsión o difamación cuando se cometan en contra de maestras, maestros o personal educativo en el ejercicio de sus funciones, con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar la impunidad.
Finalmente, la reforma a la Ley de Educación plantea la modificación de los artículos 74 y 78, e incorpora un nuevo capítulo denominado de la protección integral de las y los maestros, en el que se establecen principios rectores de seguridad, dignificación y protección frente a acusaciones falsas. Además, prevé la creación de comités de convivencia escolar, la implementación de protocolos de actuación, programas de sensibilización, medidas correctivas y acompañamiento psicológico.
