Por: Patricio Lerma
*CIUDADAD VICTORIA, Tamaulipas.**– La regidora Lorena Ortiz Ramírez, primera mujer trans en ocupar un cargo edilicio en Tamaulipas, informó que mantiene diversas denuncias en curso por presuntos actos de violencia política de género y discriminación, dirigidas principalmente contra la regidora María del Carmen Barrios, a quien señala por conductas reiteradas que atentan contra su identidad y contra integrantes de la comunidad trans dentro del Ayuntamiento.
Ortiz Ramírez detalló que una de las denuncias se desprende de la sesión de Cabildo número 41, donde la regidora Barrios leyó una denuncia ciudadana refiriéndose a ella como “regidor” y colocando su nombre entre comillas, hecho que según dijo representa una falta de respeto y un acto discriminatorio hacia su identidad de género, reconocida legalmente por el Estado.
La edil tampiqueña explicó que las denuncias se han presentado ante Contraloría, Derechos Humanos, el IETAM y la FENAM, y afirmó confiar en que las instituciones actuarán con transparencia y apego a la justicia.
Además, señaló que el acoso laboral no ha sido dirigido solo hacia ella, sino también hacia su asistente, una mujer trans, quien ha sido fotografiada sin consentimiento y cuestionada por su sola presencia en oficinas municipales, lo que calificó como conductas discriminatorias.
“Las personas trans somos quienes enfrentamos mayor discriminación en lo laboral, en la salud y en muchos espacios, aunque se ha avanzado, todavía persisten prácticas que deben erradicarse”, expresó.
Lorena Ortiz reconoció que tanto el Gobierno del Estado como el municipio de Tampico han impulsado políticas de inclusión, destacando el trabajo de la alcaldesa Mónica Villarreal, quien afirma ha promovido la apertura hacia grupos vulnerables y la diversidad sexual.
En cuanto a los pendientes legislativos para garantizar derechos de la comunidad trans, la regidora señaló que en Tamaulipas continúan siendo necesarios:
* La aprobación de la Ley de Identidad de Género, para que las personas trans no tengan que recurrir al amparo, proceso que puede tardar meses o incluso un año.
* El establecimiento del cupo laboral trans, para garantizar oportunidades formales con acceso a seguridad social, infonavit y servicios de salud.
Agregó que la falta de reconocimiento legal impide que mujeres trans mayores puedan acceder a programas federales o ser nombradas correctamente en servicios de salud, lo que profundiza la desigualdad.
Finalmente, Ortiz Ramírez sostuvo que seguirá con el proceso legal, aun cuando exista una eventual disculpa pública, pues su objetivo es “levantar la voz por quienes no pueden hacerlo” y avanzar hacia una sociedad más empática y sin discriminación.
