Por: Redacción / Noti Cero
Ciudad de México.-
La Procuraduría Agraria publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones relacionadas con la atención, asesoría y participación de servidores públicos en asambleas de formalidades especiales vinculadas al ordenamiento y regulación de la propiedad rural.
El acuerdo, firmado por el procurador agrario Víctor Suárez Carrera, amplía el alcance de los lineamientos emitidos originalmente en febrero de 2025, con el objetivo de incluir todas las asambleas previstas en la Ley Agraria y reforzar la protección de la propiedad social frente al acaparamiento y concentración ilegal de tierras.
Entre los principales cambios destaca la obligación de incorporar información más detallada en las convocatorias y documentación de las asambleas, incluyendo datos sobre polígonos georreferenciados, modificaciones a la propiedad social y datos de contacto del fedatario público que participe en los procesos.
Asimismo, se adiciona un nuevo mecanismo de consulta con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a fin de verificar si las superficies sujetas a ordenamiento presentan infracciones ambientales que puedan representar impedimentos legales para la realización de las asambleas.
El acuerdo también establece coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para revisar si las superficies involucradas cuentan con bosques, selvas o están sujetas a ordenamientos ecológicos conforme a la Ley Agraria.
Otra de las disposiciones incorporadas obliga a las oficinas estatales de la Procuraduría Agraria a informar mensualmente sobre las actas de asambleas presentadas ante el Registro Agrario Nacional (RAN) para su inscripción y seguimiento.
De acuerdo con el documento, la Procuraduría Agraria emitirá formatos, guías y documentación complementaria para fortalecer la aplicación de las nuevas disposiciones administrativas y garantizar una mejor supervisión y control de los procedimientos agrarios.
El acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y contempla un periodo de hasta 180 días hábiles para actualizar manuales y documentación administrativa relacionada con estos procesos.
Con estas modificaciones, el Gobierno Federal busca fortalecer la regulación de la propiedad social y brindar mayores garantías jurídicas y ambientales en los procedimientos agrarios del país.
