Por: Redacción / Noti Cero
Cdmx.- La senadora Olga Sosa Ruíz participó en una intensa jornada de trabajo legislativo en el Senado de la República, donde se aprobaron en comisiones dos reformas de relevancia nacional y para Tamaulipas.
La reforma constitucional establece la regla específica para quienes aspiren a encabezar la Presidencia de la República, Gubernaturas y Jefatura de Gobierno, tengan su vínculo jurídico y político exclusivamente con México.
La reforma contiene dentro de sus puntos principales la elegibilidad de las personas que aspiren a ocupar un cargo de representación popular, la persona no podrá tener otra nacionalidad al solicitar su registro, y si cuenta con una nacionalidad extranjera, deberá renunciar a ella previamente.
Finalmente, se establece que durante el ejercicio del cargo no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad. La reforma se aprobó por mayoría calificada.
Adicionalmente, la legisladora tamaulipeca participó en las Comisiones Unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos, Primera, en la que se analizó el dictamen que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, a partir de la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La reforma busca fortalecer la protección de la propiedad intelectual e industrial, combatir la piratería y la falsificación, actualizar el marco jurídico frente al comercio electrónico y las nuevas modalidades de distribución digital, así como armonizar la legislación mexicana con compromisos internacionales, particularmente los derivados del T-MEC.
Entre los aspectos relevantes se encuentra la sustitución del concepto de “fin de lucro” por el de “escala comercial”, con criterios objetivos para su determinación; la protección de obras que sean divulgadas ilegalmente antes de su lanzamiento; disposiciones para fortalecer la reparación del daño y nuevas reglas para combatir prácticas ilícitas relacionadas con mercancías bajo control aduanero.
Durante el análisis también se revisó la disposición relativa al uso de identidad gráfica institucional, dominios y signos oficiales, con el propósito de precisar que la conducta sancionable esté vinculada con un uso comercial destinado a inducir a error o engaño sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio o actuación gubernamental, preservando el marco constitucional de la libertad de expresión.
