Por: José Medina
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante los riesgos que enfrentan diariamente los integrantes de las corporaciones de seguridad pública, el diputado local Gerardo Peña Flores presentó una iniciativa para reformar el artículo 76 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, con el propósito de garantizar protección económica y social a las familias de los policías que pierdan la vida o sufran alguna incapacidad permanente en cumplimiento de su deber.
La propuesta contempla que las instituciones de seguridad pública dispongan de un fondo económico de acceso inmediato, que permita a los familiares y beneficiarios recibir los recursos y prestaciones correspondientes sin quedar sujetos a complicaciones administrativas, calendarios o insuficiencia presupuestal.
En la exposición de motivos, se advierte que, si bien la legislación ya contempla beneficios como pensiones por invalidez o vida, seguros para familiares, gastos funerarios, asistencia médica y rehabilitación, en la práctica algunas familias han enfrentado dificultades burocráticas para acceder oportunamente a estos apoyos.
Peña Flores destacó la importancia de fortalecer las condiciones laborales de los policías, pues además de contar con salarios competitivos, necesitan garantías que brinden estabilidad y certidumbre a sus familias ante los riesgos inherentes a su actividad.
La iniciativa también expone que más de 30 elementos de seguridad pública han perdido la vida desde 2020 en hechos relacionados con su labor, principalmente en municipios fronterizos como Reynosa, Matamoros y San Fernando.
Asimismo, señala que Tamaulipas enfrenta un déficit aproximado de dos mil policías, por lo que mejorar las prestaciones y garantizar la protección de las familias constituye un elemento importante para fortalecer las corporaciones y hacer más atractiva la carrera policial.
Con esta reforma, el legislador busca que el respaldo institucional a quienes arriesgan su vida por la seguridad de los tamaulipecos no se limite al reconocimiento de su servicio, sino que se traduzca en garantías económicas efectivas para sus familias.
