Por: Redacción / Noti Cero
Ciudad de México.– El Gobierno de México publicó el decreto por el que se expide el nuevo Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el propósito de actualizar las disposiciones para regular, registrar, controlar y vigilar la posesión y utilización de armas, municiones, explosivos y sustancias químicas relacionadas.
El decreto, expedido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece nuevas disposiciones administrativas para particulares, instituciones públicas y privadas, así como para las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.
Entre los principales puntos, el reglamento establece que las personas físicas y morales deberán manifestar ante el Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos cualquier arma adquirida dentro de un plazo máximo de 30 días. También contempla la obligación de notificar los cambios de domicilio relacionados con la posesión de armamento en un periodo de 30 días naturales.
En materia de seguridad pública, uno de los apartados más relevantes es el que establece los requisitos para que las corporaciones policiales puedan acceder a armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, incluyendo armas automáticas y de grueso calibre.
Para obtener esta autorización, las instituciones deberán justificar la necesidad del armamento, acreditar condiciones adecuadas de almacenamiento y seguridad, presentar información sobre su personal operativo y cumplir con requisitos de capacitación impartida por elementos militares.
Asimismo, los policías que sean asignados para utilizar este tipo de armas deberán acreditar experiencia mínima de cinco años en áreas operativas, contar con evaluaciones médicas, toxicológicas y psicológicas, además de constancias de antecedentes no penales y buena conducta.
El reglamento también establece que, como regla general, la cantidad de armas automáticas y de grueso calibre solicitadas por cada entidad federativa no deberá exceder de seis piezas, aunque esta cifra podrá incrementarse dependiendo de la cantidad y frecuencia de las agresiones que enfrenten las corporaciones.
Otro aspecto contemplado es la obligación de respetar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y los derechos humanos, además de establecer mecanismos de capacitación y readiestramiento anual para el personal autorizado.
En cuanto a los particulares, el documento precisa que la portación de armas deberá ajustarse estrictamente a las licencias correspondientes y que los permisos otorgados por la autoridad únicamente permitirán realizar las actividades expresamente autorizadas, sin posibilidad de transferirlos a terceras personas.
También incorpora disposiciones para fortalecer las campañas educativas de cultura de paz y desarme, con participación del Sistema Educativo Nacional, así como acciones de difusión sobre los riesgos relacionados con explosivos, artificios pirotécnicos y sustancias químicas.

