Por: José Medina
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El diputado de Reynosa Marco Gallegos Galván, menciona, que, conforme a lo que señalan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo ordenamiento jurídico debe cumplir con los principios de legalidad y seguridad jurídica, es decir, que deben estar acordes a la Constitución, los Tratados Internacionales y los derechos humanos de los cuales gozamos todas las personas.
En este tenor, la sequridad iurídica es un principio del derecho, universalmente reconocido que se basa en la certeza, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación y que significa la firmeza de que se conoce lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público.
Es decir, es la garantía dada al individuo por el Estado de que su persona, sus bienes y sus derechos, no serán violentados o que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de aquellos.
En resumen, la seguridad jurídica es la certeza del derecho que tiene el individuo, de modo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados.
Por otra parte, la legalidad, es un principio jurídico fundamental del estado de derecho, conforme al cual, todo ejercicio de un poder público, debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción, no a la voluntad o arbitrio de personas.
Si un Estado se atiene a dicho principio (legalidad), entonces, las actuaciones de sus poderes estarían sometidas a la Constitución y al imperio de la ley.
En este orden de ideas, se considera que la seguridad jurídica, requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad. Por ello, este principio se considera como la regla de oro.
De todo lo anterior se desprende, que el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas, debe llevar a cabo las acciones necesarias con la finalidad de que las leyes que emite dicho Poder, estén acordes a la Constitución, los Tratados internacionales y por supuesto, de respeto irrestricto a los Derechos Humanos de todas las personas que radican en el Estado de Tamaulipas.
Con base en los argumentos antes expuestos, la presente Acción legislativa tiene por objeto dar cumplimiento a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que todo ordenamiento jurídico debe estar en armonía con los principios de seguridad jurídica y legalidad, derechos, de los cuales gozan todas las personas, ya sean físicas, morales o jurídicas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía para su estudio y dictaminación.
