Es hora de que corten a la hidra de las mil cabezas
Por: Brenda Ramos
Cuatro administraciones han convertido a Esmeralda Chimal en una figura clave del ayuntamiento de Reynosa, pero también en el símbolo del continuismo político y de las prácticas que perpetúan la opacidad y el abuso de poder. Como tesorera municipal, su responsabilidad no es menor: manejar las finanzas públicas y garantizar que cada decisión esté apegada a la legalidad y al bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, la reciente Ley de Ingresos 2025, propuesta bajo su supervisión, demuestra que su permanencia en el cargo no ha servido para fortalecer la administración municipal, sino para profundizar en un modelo que prioriza intereses particulares y recaudatorios por encima de las necesidades del pueblo.
La Ley de Ingresos 2025 no es un error inocente ni una ocurrencia aislada. Es un acto premeditado que viola abiertamente el marco legal que debería regir las finanzas municipales. Los cobros desmedidos, como el registro en el Padrón Fiscal Municipal o los gravámenes desproporcionados a supermercados y bancos, contradicen principios fundamentales establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, el Código Municipal y la Ley General de Hacienda Municipal. Estas disposiciones, lejos de ser errores administrativos, son violaciones calculadas que ponen en riesgo las participaciones federales y la estabilidad financiera de Reynosa.
Esmeralda Chimal no puede alegar ignorancia. Cuatro administraciones le han dado el conocimiento y la experiencia para saber que lo que propuso es ilegal y dañino. La Ley de Ingresos 2025, en lugar de ser un instrumento para fortalecer las finanzas del municipio, se ha convertido en una bomba de tiempo que amenaza con destruir la confianza en las instituciones locales. Chimal, al diseñarla y proponerla, no solo traicionó los principios de legalidad que exige su cargo, sino que también demostró un desprecio total por las consecuencias políticas, sociales y económicas de sus acciones.
Políticamente, esta ley representa una traición a los principios de Morena, partido al que Esmeralda Chimal dice pertenecer como consejera. Morena ha construido su identidad sobre la justicia social y el combate a los abusos del pasado. Sin embargo, esta ley recaudatoria, que afecta desproporcionadamente a los pequeños negocios y a los ciudadanos, es un claro retroceso hacia las políticas neoliberales que Morena ha prometido erradicar. La expulsión de Chimal de Morena no sería un acto de revancha, sino de coherencia política. No se puede sostener a una funcionaria que ha demostrado operar bajo principios contrarios a los valores del movimiento.
El Congreso de Tamaulipas tiene ahora la oportunidad de demostrar que las instituciones están del lado de los ciudadanos. La destitución de Esmeralda Chimal no es solo una cuestión administrativa, sino un acto de justicia y de recuperación de la confianza pública. Su rol como tesorera, definido claramente en el Código Municipal, la hace directamente responsable de las violaciones legales contenidas en la Ley de Ingresos 2025. Su destitución, acompañada de una investigación exhaustiva, enviaría un mensaje claro de que las prácticas abusivas y recaudatorias no serán toleradas.
Esmeralda Chimal ha manejado las finanzas de Reynosa como si las leyes fueran opcionales, como si su experiencia le diera inmunidad para operar al margen de la legalidad. Pero en el pecado de sus acciones, ha sembrado las semillas de su propia caída. Ahora, más que nunca, es momento de que las instituciones actúen con firmeza.
No es suficiente señalar errores; hay que extirpar de raíz las malas prácticas. Esmeralda Chimal ya no puede seguir siendo la guardiana de las arcas municipales de Reynosa. Su pecado ha quedado expuesto, y ahora, en el Congreso, está la oportunidad de dictar la penitencia cortando a la “Hidra de las mil cabezas”.
