Por: Luis Enrique Arreola Vidal.
En México, la opacidad dejó de ser excepción para convertirse en ley no escrita.
Lo mismo en gobiernos, partidos, sindicatos… y ahora también en universidades.
La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), que debería ser un faro de conocimiento, se ha sumado al coro de instituciones que castigan al mérito y se escudan en la penumbra de decisiones arbitrarias.
Lo que antes era un sistema claro de estímulos —25%, 50% y 100% de descuento en inscripción según el promedio académico— se transformó en un laberinto de reglas difusas, exclusiones caprichosas y silencios insultantes.
Hoy, un estudiante con 9.5 no es suficiente; quienes cuentan con becas estatales o federales quedan automáticamente fuera; y todo se reduce a un trámite burocrático disfrazado de encuesta en línea.
La consigna es brutal: “exige excelencia, pero castiga el esfuerzo”.
El problema estructural.
El caso de la UAT no es un hecho aislado: es el espejo de un país donde la opacidad es el cemento de las instituciones. En teoría, existen contralorías, auditorías y órganos de control. En la práctica, son cascarones que legitiman atropellos.
Cuando una universidad pública —financiada con dinero del pueblo— recorta estímulos sin explicar, está replicando el mismo patrón que los gobiernos a los que dice no parecerse: ocultar, imponer y callar.
El costo de la opacidad.
La UAT ya paga la factura de esta traición:
Se erosiona la confianza pública: los estudiantes ya no creen en sus autoridades.
Se malgastan los recursos: las becas se convierten en botín burocrático.
Se pierde credibilidad institucional: lo que debía ser un espacio de mérito ahora huele a castigo y discrecionalidad.
Se perpetúan prácticas cuestionables: el rector y sus operadores convierten la universidad en otro feudo político.
No se trata solo de pesos y centavos: hablamos de un golpe directo al tejido social.
En un estado como Tamaulipas, donde miles de familias apenas sostienen a sus hijos en la universidad, recortar becas equivale a expulsarlos por la puerta trasera.
La responsabilidad ciudadana.
Callar sería complicidad. Los estudiantes ya dieron la primera lección: alzar la voz, organizarse, convocar a huelga y exigir cuentas.
Lo que falta es que la sociedad entera acompañe. Porque la universidad no es propiedad de un rector ni de un grupo de funcionarios; pertenece a la gente que la sostiene con sus impuestos y que deposita ahí su esperanza de movilidad social.
La UAT acaba de revelar su verdadera cara: no premia la excelencia, administra la obediencia. Y mientras el rector Dámaso Anaya y su círculo guarden silencio, la universidad seguirá siendo una caricatura de su lema de “Verdad, Belleza, Probidad”.
La transparencia no es un lujo democrático, es un derecho básico. Y si permitimos que la opacidad se normalice en las aulas, mañana la pagaremos en las calles, en la política y en la vida cotidiana.
El mensaje es claro: la UAT ha cambiado las reglas del juego. Ahora le toca a los estudiantes y a la sociedad cambiar las reglas del poder.
