Por: José Ángel Solorio Martínez
El fondo de las protestas contra la nueva Ley de Aguas es la pugna entre las políticas neoliberales del pasado -plasmadas en la ley de 1992, por el presidente Salinas y su banda de prianistas- y el emergente entramado legal de la IV T y su Segundo Piso.
¿Cuál es el interés que mueve a los defensores de los privilegios del agua privatizada, que pertenecía a la nación y al pueblo mexicano, por mandato de Carlos Salinas?
Desean la supervivencia de las concesiones de los bienes nacionales.
Eran ni más ni menos por 99 años.
Y ese beneficio, podía ser heredado.
Es decir: se generó una monarquía hídrica en el país.
Obvio: jamás se entregaron concesiones a los ejidatarios; y sí, a aquellos que podían adquirirlas y administrar millones de metros cúbicos de agua.
Esa privatización silenciosa, creó a una élite poderosa en el campo: tenían recursos hídricos ilimitados y la capacidad -monetaria- para seguir creciendo en su propiedad agrícola.
Con otra gran ventaja: la concesión a que se hacían acreedores por obra y gracia de las políticas neoliberales, podían subarrendarlas a particulares y entidades públicas como municipios.
Se transformaron en dueños -prácticamente, del subsuelo- de las aguas que debieron ser uso exclusivo de la nación.
Muchas compañías refresqueras operaron desde 1992, bajo ese método de subarriendo de su recurso más vital: el agua.
(En Tamaulipas las transnacionales que producían gaseosas, en Tampico, Mante y ciudad Victoria, estuvieron sobreutilizando los mantos acuíferos de los tamaulipecos; con ello, generaron problemas sociales como el desabasto de agua, en varias comunidades de la región. Este hecho, no lo consignan los neoliberales para no darse un tiro en el pie. Pero así es; o así había sido desde el salinato).
Ejemplo de las concesiones millonarias, están las del gobernador de Chihuahua, César Duarte, y los particulares, hermanos Le Baron que usufructúan aguas de la nación como si fueran suyas.
La presa del gobernador con capacidad de millones de metros cúbicos, dejando sin ese bien a miles de productores; y los Le Baron, impiden la llegada de aguas a los pequeños agricultores, monopolizándola para el riego de miles de hectáreas de nogal.
Todo ese desastre arrastró la reforma de Salinas de Gortari sobre aguas nacionales.
Los grandes propietarios del agua son los verdaderos opositores al proyecto que intenta devolver el tutelaje de los recursos hídricos a la nación; y fundamentalmente, a las mayorías del campo: ejidatarios, pequeños propietarios y legítimos medianos y grandes productores.
¿Quiénes son capaces de oponerse a que la nación retome lo que la Constitución de 1917 entregó a la nación?
Sólo los neoliberales.
El pasado de privilegios, se les está esfumando.
Ese es el gran debate nacional: seguir profundizando en el proyecto de la IV T o regresar al privatizador deseo de la derecha neoliberal.
