Por: Carla Huidobro
Durante años, el acceso a la literatura científica se sostuvo sobre un supuesto que hoy empieza a resquebrajarse. La idea de que ciertas plataformas eran indispensables. No solo convenientes, sino inevitables. Que sin ellas la investigación quedaba incompleta, aislada, en desventaja. Lo que empieza a cambiar no es el discurso sobre la calidad ni la relevancia de las publicaciones, sino el cálculo silencioso que hacen las universidades cuando el costo de sostener ese acceso deja de ser compatible con su propia operación. No se trata de una ruptura ideológica, sino de una decisión administrativa tomada bajo presión estructural. En el Reino Unido, algunas instituciones intensivas en investigación han comenzado a ensayar una salida que hasta hace poco parecía impensable. Renunciar a acuerdos amplios con uno de los conglomerados editoriales más grandes del mundo no como gesto simbólico, sino como respuesta a una ecuación que ya no cierra. El argumento no gira en torno al valor académico de las revistas, sino al modelo que las sostiene. El problema no es nuevo. Se ha discutido durante años en términos de acceso abierto, de costos de procesamiento de artículos, de dobles pagos encubiertos. Lo nuevo es el punto en el que esas discusiones dejan de ser teóricas y se traducen en decisiones concretas. Cuando el presupuesto no alcanza, la neutralidad desaparece y el sistema muestra sus límites. Lo interesante es que estas decisiones no se presentan como un rechazo frontal al ecosistema editorial, sino como un intento de reorganizar prioridades. Redirigir recursos, buscar esquemas más sostenibles, apoyar directamente a los investigadores en lugar de comprometer grandes sumas en paquetes que no todas las comunidades académicas utilizan de la misma manera. La experiencia acumulada por universidades que ya habían dado este paso muestra algo incómodo para el statu quo. Que el acceso no desaparece del todo. Que los tiempos se alargan, sí, pero no de forma dramática. Que existen redes, préstamos, circuitos informales que suplen la ausencia del acceso inmediato. No es ideal, pero es funcional. Y en contextos de presión financiera, lo funcional empieza a pesar más que lo óptimo. Del otro lado, los grandes editores insisten en la narrativa de la colaboración y la sostenibilidad compartida. Hablan de participación sectorial, de innovación, de impacto social. Y no mienten del todo. El problema es que ese discurso convive con modelos de precios que muchas instituciones ya no pueden absorber sin sacrificar otras áreas igualmente críticas. Lo que está en juego no es una editorial en particular, sino una forma de entender la circulación del conocimiento. Cuando incluso universidades con alta producción científica deciden negociar de manera individual o retirarse de acuerdos colectivos, el mensaje es claro aunque no se formule en términos confrontativos. El sistema, tal como está diseñado, tensiona más de lo que sostiene. Tal vez el punto más revelador no sea quién se va y quién se queda, sino que la decisión ya no se perciba como una catástrofe académica. Eso marca un cambio profundo. Significa que la dependencia absoluta empieza a cuestionarse desde la práctica, no desde el manifiesto. El acceso al conocimiento sigue siendo central. Nadie discute eso. Lo que empieza a discutirse, con cada vez menos paciencia, es el precio que las instituciones deben pagar para sostener un modelo que promete universalidad mientras opera bajo lógicas de concentración. Y cuando esa discusión deja de ser abstracta, el sistema editorial entra, inevitablemente, en una fase de ajuste.
No por ideología. Por supervivencia.
