Por: Patricio Lerma
Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Los recientes casos de violencia política contra las mujeres en razón de género resueltos por el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) permanecen en etapa de impugnación, por lo que las sanciones determinadas aún no pueden ejecutarse ni generar efectos como la inscripción en el registro correspondiente de personas sancionadas.
El consejero presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre, informó que en la última sesión del Consejo General se resolvieron tres procedimientos sancionadores en esta materia. Sin embargo, confirmó que los asuntos fueron controvertidos por las partes involucradas y actualmente se encuentran en revisión ante el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas.
“Todas las determinaciones deben estar firmes para poder exigir su cumplimiento”, explicó el funcionario electoral, al precisar que mientras exista una impugnación en curso no procede la ejecución de multas, amonestaciones ni la inscripción en el padrón de personas sancionadas por violencia política de género.
De acuerdo con lo señalado, los casos recientes involucran a funcionarios y actores políticos de municipios como Tampico y Ciudad Victoria. No obstante, al encontrarse en litigio, el instituto electoral debe esperar a que el tribunal estatal confirme, modifique o revoque las resoluciones.
El presidente del organismo detalló que, una vez que el Tribunal Electoral del Estado emita sentencia, las partes aún pueden acudir a instancias federales, como la Sala Regional Monterrey o incluso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que podría prolongar la definición final de los expedientes.
Este proceso escalonado implica que la firmeza jurídica condición indispensable para ejecutar sanciones puede tardar varios meses, dependiendo de la ruta legal que sigan las partes.
En términos estadísticos, el IETAM resolvió aproximadamente diez procedimientos sancionadores por violencia política contra las mujeres en razón de género durante el año pasado, muchos de ellos derivados de denuncias presentadas por candidatas, incluidas aspirantes al Poder Judicial del Estado.
Los tres casos más recientes se suman a esa cifra, aunque todos permanecen sujetos a revisión judicial.
El hecho de que las resoluciones sean impugnadas refleja, por un lado, el uso de los mecanismos legales disponibles por parte de las personas señaladas como responsables; y por otro, la creciente judicialización de los asuntos relacionados con violencia política de género en la entidad.
Mientras los tribunales no emitan resoluciones firmes, las sanciones quedan en suspenso, lo que mantiene en pausa efectos administrativos relevantes, como el registro de personas sancionadas y la ejecución de multas.
En un escenario donde la violencia política contra las mujeres ha cobrado mayor visibilidad, el desenlace de estos casos será clave para medir la efectividad de los mecanismos institucionales de protección y sanción en Tamaulipas.
