Por: José Medina
Ciudad Victoria.— Fue aprobada por el pleno legislativo de Tamaulipas, por unanimidad, la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado de Tamaulipas, para incluir de manera expresa la omisión total o parcial en el pago de la pensión alimenticia dentro de la definición de violencia económica.
La reforma propuesta representa un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres y de la infancia en Tamaulipas. Al reconocer de manera explícita la omisión total o parcial del pago de pensión alimenticia como una forma de violencia económica, se fortalece el marco jurídico estatal y se otorgan herramientas más precisas a las instituciones encargadas de la atención y sanción de estas conductas. Esta medida contribuye a garantizar la igualdad de género, la seguridad económica de los hogares y el cumplimiento efectivo de las obligaciones familiares.
El objetivo de la reforma es fortalecer la protección de los derechos de las mujeres al reconocer de manera expresa que la omisión total o parcial en el pago de la pensión alimenticia constituye una forma de violencia económica. Con ello se busca garantizar mayor claridad normativa, activar mecanismos de atención y sanción previstos en la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y armonizar la legislación estatal con los estándares nacionales e internacionales en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Cabe señalar que en Tamaulipas, la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres define la violencia económica en términos generales, vinculándola principalmente con la limitación de ingresos y la desigualdad salarial. Sin embargo, no contempla de manera expresa la omisión del pago de pensión alimenticia, lo que dificulta que las instituciones encargadas de la atención a las mujeres puedan aplicar de forma directa los mecanismos de protección previstos en la norma. Aunque en la práctica se puede interpretar que la falta de pensión alimenticia encuadra en la violencia económica, la ausencia de una referencia explícita reduce la eficacia en la aplicación de medidas inmediatas.
«La incorporación explícita de la omisión total o parcial del pago de pensión alimenticia dentro de la definición de violencia económica generará beneficios sociales y económicos de gran alcance. En primer lugar, permitirá que las rnujeres cuenten con un marco jurídico más claro para exigir el cumplimiento de esta obligación, reduciendo la incertidumbre y fortaleciendo su autonomía financiera», Señaló la diputada local Francisca Castro Armenta.
