Por: José Ángel Solorio Martínez
La degradación del aparato de justicia en Tamaulipas tuvo en Tampico un ejemplo más. La detención y vejación a una ladrona en el centro de la ciudad polarizó a la opinión pública. Justo por eso: la ausencia de una impartición de justicia pronta y expedita. Carmen N como se le conoce, tenía años viniendo de su natal Veracruz, a delinquir a la zona conurbada.
Ropa, teléfonos, joyas, dinero, arrasaba con lo que encontraba.
Tenía a toda su familia como cómplice.
Se presume que sus hijas -menores de edad- y su pareja, le echaban aguas y la protegían mientras ella hacía su labor de expoliación.
Por años realizo su actividad.
Tenía atosigados a los comerciantes de la región.
Aquí es donde se pone peliagudo el asunto: los oferentes, ante tanto pillaje hasta pegaron en postes y paredes fotos de la delincuente y compartieron videos en plena faena donde se veía claramente el rostro de la osada dama.
Y más: aseguran que varias veces se la llevaron en patrulla gente de la guardia estatal, para liberarla horas o minutos después.
“No hubo violencia, por eso no podemos juzgarla”, dicen los ofendidos que respondía la autoridad.
Ese modus operandi -como dicen los de la nota roja- lo ejecutó impunemente ¡por años!
Los vendedores -y sobre todo las dependientes a quienes les escamoteó sus ganancias y celulares- la atraparon con las manos en la masa y le dieron santa madrina y la dejaron como santa crista: la cachetearon, la escupieron, le picaron las lonjas y la raparon.
¿Excesos de las víctimas de los atracos?
Sí.
De hecho, fue un linchamiento.
No debiera pasar. Porque somos un país de leyes -se supone- y existen instituciones de justicia. O sea: nadie se debe hacer justicia por mano propia.
Eso es en teoría.
En realidad, cuando la delincuencia rebasa a la autoridad o ambas se asocian, el pueblo se amotina. Como decía AMLO: se cansa, de tanta pinche transa.
¿Acaso la señora ladrona, no tiene credencial de elector para localizar a sus familiares que supuestamente trabajaban en el incomprendido oficio de rateros?
¿Qué no es sencillo ubicar un celular con la anuencia de la autoridad?
¿Acaso no existen múltiples videos de la rapada -cuando tenía pelo- apropiándose de mercancías ajenas?
La ley tomó el camino más a modo: dijo el Coordinador de la Guardia Estatal, que ¡se les abrirá expedientes a quienes humillaron a la delincuente!
(¡En lugar de procesar a los oficiales que la protegieron!).
Ante la coyuntura, Carmen N, comprobada ratera, ¡va a demandar a los comerciantes ofendidos que la agredieron!
¿Cuánto tiempo tendremos que soportar esta justicia bizarra?
