Por: José Medina
Ciudad Victoria.— La diputada local del distrito ocho, Francisca Castro Armenta, señaló que antes de entregar el organismo al municipio deben analizarse sus condiciones administrativas y operativa, asímismo respaldó la permanencia de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Río Bravo bajo control del Estado, en medio de la controversia que mantiene el alcalde Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien busca recuperar el organismo para el municipio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cuestionada sobre si la COMAPA debe continuar en manos del Gobierno del Estado, la legisladora respondió de manera afirmativa y sostuvo que todavía deben analizarse las condiciones en las que se encuentra el Ayuntamiento para asumir nuevamente la operación del organismo.
“También analizar en qué condiciones está el municipio de recibirla”, señaló.
Castro Armenta reconoció que anteriormente se registraron problemas relacionados con el suministro y la calidad del agua, particularmente derivados de situaciones de sequía y de las condiciones de los canales que conducían el líquido.
No obstante, afirmó que dichas situaciones fueron atendidas y que actualmente el servicio se encuentra prácticamente normalizado.
“Ahorita ya todo está prácticamente en orden”, afirmó.
Sobre la preocupación de las familias respecto a si el agua que sale de la llave puede ser consumida, la diputada aseguró que actualmente existe confianza en el suministro y explicó que realizó recorridos en territorio para conocer directamente la situación.
La legisladora también señaló que la eventual entrega de la COMAPA al Ayuntamiento no debe determinarse únicamente a partir de que el organismo esté funcionando, sino que deben revisarse otros aspectos relacionados con la capacidad y operación integral del municipio.
Ante los cuestionamientos sobre si la decisión de mantener la COMAPA bajo control estatal podría tener un componente político, Castro Armenta rechazó esa posibilidad.
“No es tema político definitivamente”, sostuvo.
La diputada insistió en que el asunto debe analizarse desde el servicio que reciben los usuarios y de las condiciones que existen tanto en el organismo operador como en el Ayuntamiento.
