Por: Redacción / Noti Cero
Ciudad de México.– La diputada federal Carmen Rocío González Alonso, del Partido Acción Nacional (PAN), se pronunció en contra del dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al considerar que las medidas fiscales propuestas por el Gobierno Federal incrementan la presión sobre los contribuyentes, afectan a las empresas y ponen en riesgo la competitividad económica del país.
Durante su intervención en la sesión legislativa del 13 de octubre, la legisladora cuestionó el manejo de la hacienda pública y sostuvo que la política de ingresos no está orientada a impulsar el crecimiento económico, sino a encarecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
González Alonso cuestionó que una mayor recaudación no se refleje necesariamente en mejores servicios públicos, seguridad ni atención médica para la población. Como ejemplo, señaló las carencias de insumos, medicamentos e instalaciones dignas que, afirmó, enfrenta el personal de salud en distintas instituciones públicas.
La diputada panista también criticó el incremento de costos en permisos y certificaciones emitidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), al advertir que estas medidas podrían repercutir en el precio de los servicios de salud para la ciudadanía.
Asimismo, manifestó su preocupación por los posibles efectos del aumento en los costos de las visas y otros derechos migratorios sobre la competitividad turística de México, al considerar que un encarecimiento de los trámites podría restar atractivo al país frente a otros destinos internacionales y afectar empleos vinculados con hoteles, restaurantes y transporte.
Otro de los puntos centrales de su posicionamiento fue el endeudamiento público previsto para 2027. González Alonso cuestionó la intención de contratar deuda por hasta 1.7 billones de pesos y afirmó que esta medida contradice las promesas de evitar un mayor endeudamiento nacional.
En ese sentido, sostuvo que la deuda pública debe destinarse a inversiones que generen riqueza y beneficios para las entidades federativas y los municipios, en apego a lo establecido en el artículo 73, fracción VIII, de la Constitución.
La legisladora consideró que recurrir al endeudamiento para cubrir déficits financieros y pagar intereses compromete los recursos públicos y traslada las consecuencias económicas a las próximas generaciones.
