Por: José Medina
Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Nuevo Laredo y Matamoros plantean incrementos del 5 por ciento, mientras que Reynosa y Gustavo Díaz Ordaz proponen ajustes del 10 por ciento; los dictámenes podrían llegar al Pleno del Congreso en una o dos semanas.
Los ajustes a las tablas de valores catastrales propuestos por los municipios de Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Gustavo Díaz Ordaz son viables desde el punto de vista técnico, jurídico y político, consideró el diputado local Isidro Vargas Fernández, al señalar que las actualizaciones buscan reducir el rezago entre los valores catastrales y los precios del mercado inmobiliario.
De acuerdo con el legislador, Nuevo Laredo y Matamoros plantean incrementos del 5 por ciento, mientras que Reynosa y Gustavo Díaz Ordaz proponen ajustes del 10 por ciento.
Vargas Fernández sostuvo que estas modificaciones no representarían una afectación significativa para la economía de las familias tamaulipecas, debido a que los valores catastrales de los municipios se mantienen por debajo de los precios reales de los inmuebles.
Además, señaló que existen descuentos en el pago del impuesto predial, entre ellos una reducción del 50 por ciento para adultos mayores, jubilados y pensionados, así como bonificaciones de hasta el 15 por ciento por pronto pago, conforme a las disposiciones aplicables en cada municipio.
Como ejemplo, explicó que un ajuste del 5 por ciento, al descontar el efecto de la inflación, representaría un incremento real cercano al 1 por ciento, por lo que consideró que no habría un impacto considerable en el bolsillo de los contribuyentes.
Respecto al procedimiento legislativo, el diputado indicó que el Congreso del Estado podría contar con los dictámenes correspondientes en un plazo de una a dos semanas, aunque los tiempos dependerán de la carga de trabajo y de los acuerdos de la Junta de Gobierno.
Precisó que deben elaborarse 43 dictámenes, uno por cada municipio de Tamaulipas, antes de que las propuestas sean turnadas al Pleno para su discusión y eventual aprobación.
El proceso deberá avanzar antes de que el Congreso concentre sus trabajos en la revisión de las leyes de ingresos municipales y del paquete económico estatal.
