Por: José Medina
Ciudad Victoria.— Con una pena de tres a siete años de prisión para quienes retiren o dañen deliberadamente el preservativo durante una relación sexual sin el consentimiento de la otra persona propone una iniciativa legislativa que busca adicionar el artículo 268 Bis al Código Penal para el Estado de Tamaulipas, dió a conocer el diputado de Nuevo Laredo Sergio Ojeda Castillo.
La propuesta establece que esta conducta, conocida como stealthing, sea equiparada al delito de abuso sexual. Además, plantea incrementar la pena hasta en una mitad cuando, como consecuencia de los hechos, se produzca un embarazo o se transmita una infección de transmisión sexual.
De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa busca reconocer y sancionar esta práctica como una forma de violencia sexual que vulnera la libertad y la autonomía de las personas, tanto de mujeres como de hombres.
El documento sostiene que el consentimiento sexual no se limita a aceptar una relación, sino que también comprende las condiciones bajo las cuales se otorga, incluido el uso del preservativo cuando este constituye una condición expresa para mantener el encuentro sexual.
La iniciativa advierte que retirar, remover o deteriorar intencionalmente el condón sin autorización de la otra persona la expone a riesgos de salud, como infecciones de transmisión sexual, VIH y embarazos no deseados.
Asimismo, señala que esta conducta puede provocar afectaciones psicológicas, entre ellas sentimientos de traición y culpa, ansiedad, depresión y trastorno por estrés postraumático.
En la exposición de motivos también se alerta sobre la normalización de esta práctica en espacios digitales y su representación en contenidos pornográficos como una expresión de masculinidad y dominio.
El planteamiento legislativo refiere que distintos países han reconocido el stealthing como una forma de agresión sexual y busca incorporar una disposición específica en la legislación penal tamaulipeca.
De aprobarse, el artículo 268 Bis establecería una sanción de tres a siete años de cárcel, con el incremento previsto cuando se presente alguna de las dos consecuencias señaladas en la propuesta: embarazo o transmisión de una infección de transmisión sexual.
