Por: Patricio Lerma
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Lauro Esteban Olmeda Villarreal y María Perla Olazarán Pérez denunciaron públicamente presuntas irregularidades en la actuación del magistrado federal Rubén Darío Silva, a quien acusan de emitir una resolución que consideran contraria a derecho dentro de un litigio por la propiedad de un rancho de aproximadamente 40 hectáreas, ubicado sobre la carretera Interejidal, en el municipio de Victoria.
Los afectados señalaron que el conflicto legal está relacionado con el amparo 125/2022, dentro de un juicio de reivindicación de propiedad, en el que aseguran contar con escrituras legalmente registradas, planos oficiales y documentación que acredita la posesión del terreno durante aproximadamente 50 años. Olmeda Villarreal explicó que, pese a presentar una certificación del Registro Público de la Propiedad que, según su interpretación, cuestiona los antecedentes registrales de la escritura de la contraparte, la resolución judicial terminó siendo desfavorable para su familia.
“Estamos aquí para hacer pública la actuación que está teniendo, que está por fuera de lo que es la ley, del Código Civil y de la Constitución. Está pasando por encima de nuestros derechos sin tener alguna justificación para hacerlo”, expresó Olmeda Villarreal, quien cuestionó que anteriormente se ordenara revisar el expediente por posibles inconsistencias y que posteriormente, con los mismos documentos, se emitiera una resolución distinta.
Por su parte, María Perla Olazarán Pérez manifestó su preocupación ante la posibilidad de perder el rancho que, aseguró, forma parte del patrimonio familiar desde hace varias décadas. La mujer acusó a un particular identificado como Román Cano de intentar despojarla del inmueble y expresó sus sospechas sobre una posible complicidad con el juzgador, señalamientos que hasta el momento no han sido acreditados mediante una resolución de autoridad competente. “Estamos indignados porque me quieren quitar mi rancho. Tengo mis escrituras legales, todo está en orden y tengo una posesión de 50 años”, declaró.
Finalmente, los denunciantes informaron que buscarán llevar su inconformidad ante instancias federales en la Ciudad de México y no descartaron realizar un plantón para exigir que se revise el caso. Insistieron en que existen diferencias entre los planos y las superficies reclamadas dentro del juicio, por lo que solicitaron una revisión de la documentación y de las actuaciones judiciales. Hasta el momento, no se cuenta con una postura del magistrado señalado ni de la contraparte sobre estas acusaciones.
